Hace unos días se determinó que la PGR debe reconocer públicamente la inocencia e indemnizar a la indígena Jacinta Francisco Marcial (quien junto con Teresa González y Alberta Alcántara fue acusada, ridículamente, de secuestrar a policías federales). Esto respondió a una presión social, dado que algunos medios de comunicación (serios e independientes) dieron a conocer el caso junto con todas las irregularidades cometidas por las autoridades, quienes seguramente quedarán impunes. Otro caso igual de indignante es el de Nestora Salgado, quien encabeza la policía comunitaria de Olinalá, en Guerrero, y se encuentra injustamente presa, acusada de secuestro.
El modus operandi de las autoridades es el mismo: encarcelaron a mujeres sencillas, les fabricaron pruebas, las aislaron de toda comunicación, se les obligó a firmar documentos sin que los hayan leído antes, no les dieron asesoría legal, etcétera. Estos casos son preocupantes porque cualquier ciudadano, inocente, está expuesto a estos abusos del Estado. En contraste, existen muchos culpables que gozan de total libertad porque tienen los medios, económicos y políticos, para mantenerse al margen de la ley; en otras palabras los criterios para aplicar la ley no son los mismos para todas y todos. Por ello espero la pronta liberación de Nestora, cuyo único delito fue la correcta aplicación de la justicia, la cual, tristemente, fue retorcida en su contra.
Edwin E. Ramírez Lemus
@Ideassiniestras
Fuente: La Jornada
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