En
días recientes fuimos testigos de dos acontecimientos que vinieron a apuntalar
el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. El primero se refiere a las
diversas irregularidades encontradas por la Auditoria Superior de la Federación
(ASF) en el ejercicio del presupuesto correspondiente al 2012, último año del
gobierno de Felipe Calderón. El segundo es quizás el más “espectacular”, la
captura de Joaquín Guzmán Loaera alias el “Chapo”, cuya fuga se dio apenas unos
meses después de que Vicente Fox comenzara el primer gobierno emanado del
Partido Acción Nacional (PAN).
Ambos
hechos representan dardos envenenados para el PAN dado que le restan
credibilidad como partido y gobierno ante la ciudadanía, reduciendo sus
posibilidades electorales para los comicios del 2015, lo cual también los
obliga a procesar de manera civilizada la renovación de su dirigencia nacional.
De igual forma se sacude el (poco) peso político de los ex presidentes Vicente
Fox y Felipe Calderón, quienes han buscado por diversos medios regresar a la
actividad política, rompiendo con la (priísta) costumbre de guardar silencio y mantener
un perfil bajo.
No
son menores las irregularidades que exhibe la ASF, se demuestran desfalcos en
obras públicas, por ejemplo en la construcción de la utopista Durando-Mazatlán,
cuyo costo original se triplicó, pasó de 8 mil 889 millones a 23 mil 385
millones. De igual forma el Seguro Popular mostró un subejercicio de 8 mil 229
millones de pesos; misma situación que se dio en el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta), la cual no ejerció alrededor de 274.6 millones
de pesos destinados al programa Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial y hasta
el momento no aparecen 228.6 millones de pesos.
Además
la ASF reporta diversas deficiencias en la regulación y supervisión, la nula
existencia de indicadores que permitan evaluar resultados y un constante incumplimiento
de la elaboración de los reportes e informes sobre el dinero gastado, además la
falta de control sobre las actividades institucionales.
Por
otro lado, la captura del “Chapo” viene a cerrar un ciclo iniciado en 2001,
cuando este narcotraficante se fugó de unos de los penales de máxima seguridad.
Durante trece años, más de una voz señaló que el cártel de Sinaloa contaba con
el respaldo de las administraciones de Fox y Calderón, sobre todo de éste
último quien emprendió una guerra contra el narcotráfico cuya estrategia se
basó en sacar al ejército a las calles e iniciar balaceras en todos lados.
La
captura de Guzmán Loaera llega como bocanada de aire fresco al gobierno priísta
de Enrique Peña Nieto, cuya estrategia de seguridad sigue sin dar resultados
consistentes, de ser así, en Michoacán las autodefensas no tendrían razón de
ser. Todo esto sucede acompañado de una campaña mediática que cierra la pinza a
favor de un partido que tiene todas las intenciones de regresar a su posición
hegemónica, de la manera más “democrática”.
Mientras
tanto los ciudadanos nos deslumbramos con la caída de un alfil del mundo
criminal y seguimos sin hacer las preguntas necesarias, por ejemplo: qué
autoridades o funcionarios protegían al “Chapo” o ¿acaso somos tan crédulos
para pensar que el poder financiero y político de esta organización se creó al
margen de la esfera pública? ¿Cuántos empresarios “legítimos” se alquilaron
como lavanderías para blanquear el dinero proveniente del cártel de Sinaloa?
¿Con la captura del “Chapo” el clima de violencia se reducirá? Y sobre todo,
ahora ¿cuál es el cártel consentido del sexenio de Enrique Peña Nieto?
@Win_Ramirez
No hay comentarios:
Publicar un comentario